Ciencias Jurídicas y Sociales | Nuevo Código Civil: Suspensión del cumplimiento de la prestación contractual en el Código Civil y Comercial. Su importancia en el derecho del trabajo
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Posted by mcusmai in Abogacia, Código Penal

Nuevo Código Civil: Suspensión del cumplimiento de la prestación contractual en el Código Civil y Comercial. Su importancia en el derecho del trabajo

  1. Introito

Cuando el contrato obliga a efectuar prestaciones a ambas partes, como consecuencia de su interdependencia, la regla es que el cumplimiento debe ser simultáneo. Por ende, el derecho legitima la actuación de quien avizora el principio de desequilibrio de la relación jurídica dada la conducta antifuncional del otro que intenta romper el citado nexo de interdependencia de las contraprestaciones, facultándolo a utilizar una herramienta de ajuste para forzar la correcta actuación que permita retomar la marcha normal del desenvolvimiento contractual (1).

Se trata de la denominada “excepción de incumplimiento”, que opera en los contratos bilaterales -o sinalagmáticos-, que son aquellos en los que las partes se obligan recíprocamente. Y que encuentra fundamento en la reciprocidad, la buena fe y la equidad.

El Código Civil establecía el principio en su art. 1201, según el cual una de las partes podía abstenerse legítimamente de cumplir si la otra no cumplía simultáneamente su prestación u ofrecía cumplirla, salvo que dicha prestación fuera a plazo. Norma que debía ser correlacionada, en el citado cuerpo legal, con su art. 510, que era una aplicación del mismo principio con relación a la mora, ya que establecía que en las obligaciones recíprocas, uno de los obligados no incurría en mora si el otro no cumplía o se allanaba a cumplir la obligación de su parte (2).

Puede tratarse de un incumplimiento total (exceptio non adimpleti contractus) o parcial (exceptio non rite adimpleti contractus). Es decir que la exceptio procede aún en caso de cumplimiento deficiente. Sin perjuicio de ello, coincide la doctrina civil que el incumplimiento debe ser grave, es decir, no intrascendente.

Con base en la literalidad del art. 1201 del Código Civil (“no podrá demandar su cumplimiento”), podía juzgarse que se trataba de un requisito de la acción. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia mayoritarias consideraron que el artículo citado regulaba una verdadera excepción sustancial dilatoria, y que también habilitaba la autodefensa privada que permitía proveer la defensa de los propios derechos mediante un comportamiento negativo consistente en resistirse a cumplir (3).

El Código Civil y Comercial recoge el instituto en sus arts. 1031 y 1032. En el primero reconoce que la suspensión puede ser deducida judicialmente como “acción o excepción”. En el segundo amplía la tutela legal (ya admitida doctrinariamente sobre la base del texto normativo anterior) para abarcar la amenaza de daño (ante el menoscabo en la aptitud para cumplir o en la solvencia de la contraparte). Esta última previsión, en línea con la función preventiva consagrada por el art. 1710 del mismo Código Civil y Comercial.

Continúan vigentes, aún cuando no se incorporen expresamente en el texto legal, las cuestiones desarrolladas en torno a la suspensión por la doctrina y la jurisprudencia (gravedad del incumplimiento, posibilidad de acudir al instituto ante un incumplimiento no solo total sino también parcial o defectuoso, ejercicio de hecho (4), etc.). Del mismo modo que se extiende la regla a todas las obligaciones recíprocas (surjan o no de un contrato), aún cuando no se incluya una norma similar a la contenida en el art. 510 del Código Civil. Ello pues todo lo expuesto se extrae ahora de lo establecido como pautas generales en torno a la buena fe y el abuso de derecho (arts. 9 y 10, Código Civil y Comercial) (5).

  1. Importancia y aplicación en materia laboral

El derecho común, como hemos visto, reconoce una facultad que, aplicable a los contratos bilaterales con prestaciones de cumplimiento simultáneo, puede ser invocada en el marco del contrato de trabajo.

Se trata de una herramienta valiosa, pues constituye un medio compulsivo de justicia ágil, por mano propia, que el ordenamiento jurídico concede ante la conducta desleal de quienes pretenden obtener el cumplimiento sin cumplir, conectado incluso con la función social del contrato -destinado a satisfacer fines individuales y a la vez comunitarios- (6).

Por ello resulta un instrumento central para el contrato de trabajo -bilateral o sinalagmático- y que además se compadece plenamente con los principios de equidad y buena fe (arts. 11 y 63, LCT), como así con el principio de continuidad -propio de la disciplina (art. 10, LCT)- pues permite la subsistencia del contrato evitando la ruptura del mismo frente al incumplimiento.

Aún cuando el texto original de la ley 20.744 (art. 83) reconociera explícitamente al trabajador la posibilidad de rehusar su prestación si aquella le fuera requerida en condiciones violatorias de la higiene y seguridad (7), previsión que luego fuera suprimida, se continuó sosteniendo la aplicación de la regla general del derecho común relativa a la denominada “excepción de incumplimiento”, que además no se ciñe a incumplimientos relativos a la salud sino a toda la pléyade de obligaciones contractuales.

A modo de ejemplo puede observarse que jurisprudencialmente se dijo que “la excepción de incumplimiento que establece el art. 1201 Cód. Civil resulta aplicable a todos los contratos bilaterales, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pues se trata de una disposición cuyo alcance -como ocurre con tantas otras previsiones del Código Civil- no se restringe a los contratos civiles y forma parte de la legislación común aplicable -como principio- en todas las ramas del derecho. Tal disposición, pues, sólo resultará inaplicable respecto de aquellas relaciones o regímenes que contengan una norma específica al respecto (o que excluyan su aplicación explícitamente) o bien cuando su aplicación no resulte compatible con la naturaleza y modalidades de los contratos de que se trate, circunstancias éstas que no se presentan en las relaciones individuales del trabajo regidas por la LCT” (8). Del mismo modo se concluyó: “No puede considerarse injuriosa la actitud del trabajador, quien en medio de un intercambio telegráfico en el cual estaba involucrado, entre otras cosas, el pago de la remuneración del último mes, no responde a una intimación a retomar tareas, pues, aún en el mejor de los supuestos para el empleador, se trataría de un caso de excepción de incumplimiento contractual, de aquéllos que la jurisprudencia y la doctrina admiten en base a los arts. 510 y 1204 del Cód. Civil” (9).

Cuando la denominada “excepción de incumplimiento” es articulada por el trabajador, se la ha designado como “suspensión indirecta” (en forma simétrica a la correlativa institución que asiste al empleador como derivación de su potestad disciplinaria), “suspensión indirecta individual” y “retención de tareas” (10).

Enseña Etala que aquella opera, en ese caso, frente a todo género de inobservancia del empleador (no solo incumplimientos graves). Agrega al respecto que el trabajador es acreedor a un cumplimiento íntegro y puntual de todas las obligaciones que el contrato de trabajo impone al empleador. Teniendo derecho a que una inobservancia, por leve que ésta sea, cese de inmediato, para lo cual debe tener a su alcance un recurso efectivo para hacerla detener sin necesidad de recurrir a los estrados judiciales. El mismo autor argumenta, contra el criterio que reserva la aplicación de esta medida sólo ante los incumplimientos graves, que si la inobservancia es leve, menor dificultad tendrá el empleador en hacerla cesar rápidamente, con lo que se obtendrá de inmediato un resultado valioso como es el reestablecimiento del equilibrio contractual en su plenitud e integralidad (11). Obviamente, vale aclarar, la norma no puede llevar a amparar pretensiones absurdas, abusivas o reñidas con la buena fe.

A simple modo de ejemplo, el trabajador podría recurrir a la medida en estudio en las siguientes circunstancias (constitutivas de incumplimientos a claras obligaciones patronales): a) falta de pago de su remuneración (art. 74, LCT); b) ausencia o deficiencia en la registración (art. 52, LCT, en concordancia con la ley 24.013); c) existencia de deudas por aportes y contribuciones (art. 80, LCT); d) modificación arbitraria de las condiciones contractuales (art. 66, LCT); e) incumplimiento en el reintegro de gastos y resarcimiento de daños (art. 76, LCT); f) incumplimiento del deber de diligencia que imposibilite el goce íntegro y oportuno de los beneficios acordados al trabajador (art. 79, LCT); g) incumplimiento a las normas de higiene y seguridad (art. 75, LCT), como así cualquier otra situación que genere un peligro potencial de daño (doct. art. 1710, Código Civil y Comercial); h) amenaza de daño ante el menoscabo significativo en la aptitud para cumplir o en la solvencia del empleador (art. 1032, Código Civil y Comercial); i) incumplimiento de su derecho a ser informado (12); entre otros múltiples supuestos.

Es importante destacar que, conforme se apuntara al inicio de este trabajo, el Código Civil y Comercial flexibiliza el funcionamiento de la exceptio (sin ceñirla al incumplimiento ya operado) y con ello se arriba a una protección adecuada del contratante que teme razonablemente el incumplimiento de la prestación de su cocontratante aunque dicha prestación no sea todavía exigible (art. 1032). Siendo preciso aclarar que al aludirse al “menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia” se prescinde de la exigencia de declaración de insolvencia de iure. Es decir, solo es exigible un menoscabo (si bien significativo) de la solvencia, razón por la cual ello no puede ser sinónimo de insolvencia de derecho (13).

III. Derecho a continuar percibiendo salarios

Una cuestión debatida en la operatoria concreta del instituto en el seno de la relaciones de trabajo, ha sido la atinente al derecho a percibir los salarios devengados durante el período de la retención justificada.

Una corriente ha considerado que no cabría reconocer derecho al pago pues, se argumenta, sería el propio trabajador quien condiciona la prestación.

Por otra parte se ha dicho que el dependiente mantiene sus derechos remuneratorios pues claramente ejercita una herramienta legal ante el previo incumplimiento patronal.

En una postura intermedia se ha propuesto diferenciar de acuerdo a las causas de la suspensión: si aquella obedece al incumplimiento de normas relativas a la higiene y seguridad, no podría hablarse en rigor de acto voluntario del trabajador al retener sus tareas puesto que se vería compelido a ello; si la obligación incumplida por el empleador es el pago de salarios, esta doctrina propone analizar el caso concreto a fin de determinar si el acto constituyó un acto voluntario de acuerdo a la condición social (14).

Por nuestra parte consideramos acertada la segunda de las posiciones, pues el trabajador conserva el derecho remuneratorio cuando legítimamente retiene sus tareas, ya que en tales casos está obrando compelido por el empleador que previamente ha incumplido.

No corresponde discriminar entre incumplimientos relacionados con la salud del trabajador y cualquier otro posible, como así tampoco según la condición social. El derecho a la remuneración tiene naturaleza alimentaria y ello es independiente del nivel salarial pues todo dependiente merece amparo ante la falta de pago.

La cuestión se encuentra regida por el art. 103 de la LCT (parte final). El empleador debe al trabajador la remuneración aunque este no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél. Por ende no existe impedimento legal para viabilizar salarios por el lapso durante el cual el trabajador haya de retener su prestación en ejercicio de un derecho legítimo (art. 1031, Código Civil y Comercial), pues no sería lógico que el trabajador ejerza un derecho para asegurar el cumplimiento de otra prestación que le fuera debida, a riesgo de perder nuevamente otra (la remuneración) que es substancial y vital (15). El instrumento, de lo contrario, carecería de sentido práctico.

Tal como razona Justo López, si se admite que la suspensión que puede decidir el empleador solo lo libera del deber de pagar la remuneración cuando tiene “justa causa”, ese deber subsistiría en el caso de la suspensión indirecta (potestad específica de autotutela a favor del trabajador) pues su incumplimiento no puede ser tal justa causa (16).

Más aún, cuando se trata de deudas salariales el dependiente habrá adelantado el trabajo a su empleador, que debe abonarlo una vez cumplido aquel. Cabe entonces recordar que la exceptio tiene una lógica prelación temporal, beneficiando al que en el primer tropiezo del contrato no había retardado su cumplimiento. Y que en tales casos (cuando ya ha vencido el plazo para el cumplimiento de la prestación) no basta con ofrecer cumplir, sino que debe procederse al depósito del total adeudado (17).

El trabajador no ingresará en mora pues ya habrá incurrido en ella el empleador (18). La fuerza de trabajo, ante la opción de retener tareas y no romper el vínculo, seguirá a disposición del empleador (19), que no gozará efectivamente de aquellas por su propio incumplimiento. De lo contrario, además, la interpretación que niega salarios induciría a romper el vínculo y no a conservarlo, amparando asimismo la mala fe. Violaría, en consecuencia, los principios de la propia legislación especial (arts. 10, 11, 63 y cctes., LCT). Por otra parte, si la exceptio opera en los contratos vigentes para compelir a su cumplimiento, mal podría castigarse su uso para relevar del deber de pago de salarios (pues entonces aliviaría injustificadamente la situación del deudor, incitándolo a continuar incumpliendo). El empleador tiene a su cargo la obligación legal de garantizar ocupación (art. 78, LCT) y si esta última no se hace efectiva por su culpa debe cargar con las consecuencias de sus propios actos previos.

Véase que, si no pudiera reclamarse a título directo de salarios, se trataría de lucro cesante indemnizable desde la esfera del derecho de daños.

  1. Síntesis

En conclusión, el Código Civil y Comercial, en mecánica que era ya reconocida en materia laboral por vía de los arts. 510 y 1201 del Código Civil en conexión con el principio de buena fe (art. 63, LCT), permite al dependiente abstenerse de prestar tareas cuando el empleador no cumple las obligaciones a su cargo, sin merma salarial.

Cabe aclarar que la posibilidad de retener tareas (abstención) no implica negar el derecho de accionar por el cumplimiento de lo adeudado o recurrir al resto de las medidas que prevé la legislación (20), como así considerar disuelto el contrato en caso que la inobservancia no consintiera la prosecución de la relación (art. 242, LCT).

Debe señalarse, por último, que el instituto opera ante la existencia de un contrato vigente y no extinguido, pues justamente con aquél se persigue el cumplimiento.

(1) Taranto, Hugo O., en Contratos. Homenaje al profesor doctor Jorge Mosset Iturraspe, Félix A. Trigo Represas – Rubén Stiglitz (dirs.), La Rocca, Buenos Aires, 1989, p. 259.

(2) Lavalle Cobo, Jorge, en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Augusto C. Belluscio (dir.) – Eduardo A. Zannoni (coord.), 2002, t. 5, p. 948.

(3) Hernández, Carlos A. – Trivisonno, Julieta, Suspensión del contrato en el Proyecto de Código, LA LEY, 2012-E, 1067.

(4) Así debe continuar entendiéndose en el Código Civil y Comercial, ya que la excepción de incumplimiento contractual en el derecho del trabajo es ejercida de hecho por el trabajador como retención de tareas (Etala, Carlos A., Aproximación a la incidencia del Código Civil y Comercial en el Derecho del Trabajo, LA LEY, 2014-F-711).

(5) Hernández, Carlos A. – Trivisonno, Julieta, Suspensión del contrato en el Proyecto de Código, LA LEY, 2012-E-1067.

(6) Taranto, Hugo O., en Contratos. Homenaje al profesor doctor Jorge Mosset Iturraspe, Félix A. Trigo Represas – Rubén Stiglitz (dirs.), La Rocca, Buenos Aires, 1989, p. 263.

(7) Decía el art. 83 de la ley 20.744: “El empleador debe hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en esta ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca”.

(8) CNAT, Sala III, 10/5/05, “Ochoa, Edith N. y otro c. Thelen Heike”, LD Textos, may. 2009.

(9) CNAT, Sala IV, 30/7/91, “Mottosa, Héctor c. Molba S.A.”, LD Textos, may. 2009.

(10) Etala, Carlos A., La suspensión indirecta individual, retención de tareas o excepción de incumplimiento contractual en el Derecho del Trabajo, en “Revista de Derecho Laboral”, nº 2003-1, “Las suspensiones en el contrato de trabajo”, Rubinzal — Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311.

(11) Etala, Carlos A., La excepción de incumplimiento contractual en el derecho del trabajo, Doctrina Laboral Errepar, t. VI, p. 201.

(12) Vallespinos, Carlos G. – Ossola, Federico A., La obligación de informar en los contratos, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 314.

(13) Tal como enseñara la doctrina sobre el texto del art. 1058 del Proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio redactado por la Comisión designada por decr. 685/95, que portara similares términos (Lago, Daniel H., La suspensión del cumplimiento contractual ante el peligro de incumplimiento de la contraparte en el proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio, La Ley, Sup. Act., 13/3/03, p. 2).

(14) Esta postura intermedia es la que sostuvo Etala, Carlos A., La excepción de incumplimiento contractual en el derecho del trabajo, Doctrina Laboral Errepar, t. VI, p. 201.

(15) CNAT, Sala VII, 16/2/96, “Breso, Roberto c. Gotelli Hnos.”, LD Textos, may. 2009.

(16) López, Justo, en Tratado de Derecho del Trabajo, Mario L. Deveali (dir.), La Ley, Buenos Aires, 1964, t. II, p. 381.

(17) Lavalle Cobo, Jorge, en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Augusto C. Belluscio (dir.) – Eduardo A. Zannoni (coord.), 2002, t. 5, págs. 953 y 954.

(18) Por ende tampoco podría el empleador pretender intimarlo bajo amenaza de considerar abandono de trabajo (art. 244, LCT) pues existiría mora suya previa, sin perjuicio de que tampoco se aplicaría la figura pues no podría alegarse ánimo abdicativo de quien justamente se encuentra reclamando derechos -con razón o sin ella-.

(19) Pues el trabajador, si no rompe el contrato, sigue atado a él y en ese lapso no puede reemplazar la capacidad de ganancia perdida.

(20) A modo de ejemplo, siendo que ante un accionar ilegítimo en materia de ius variandi la ley especial (art. 66, LCT -texto según ley 26.088-) permite solicitar la revisión de la medida y en caso negativo proceder al despido indirecto, como así reclamar judicialmente por la vía sumarísima el restablecimiento de las condiciones alteradas, ello no obsta a la solución general que permite ejercer la excepción de incumplimiento contractual.

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