Ciencias Jurídicas y Sociales | Accidentes de tránsito. Responsabilidad de la aseguradora. Licencia de conducir vencida. Daños y Perjuicios
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Posted by mcusmai in Jurisprudencia

Accidentes de tránsito. Responsabilidad de la aseguradora. Licencia de conducir vencida. Daños y Perjuicios

Se modifica la sentencia de grado apelada y se hace extensiva la condena en forma concurrente a la compañía aseguradora citada en garantía, en la medida del seguro y en los términos del art. 118, Ley 17418, toda vez que se encuentra reconocido por la propia empresa de seguros que la conductora codemandada, a la fecha del siniestro, contaba con carnet de conducir vencido. De tal afirmación se infiere que se le otorgó a la conductora habilitación para manejar con anterioridad al ilícito y se encuentra demostrado también que 15 días después de su acaecimiento se expidió a su nombre licencia habilitante, lo que permite presumir su capacidad para conducir vehículos, más allá de que, circunstancialmente, hubiera caducado la licencia obtenida antes de la colisión.

Goldstein, Hernán Gabriel c/ Ibarrondo, Fidela y otro s/ Daños y perjuicios

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala C, 13-10-2015.

Fallo:
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 13 días del mes de octubre de 2015, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos “GOLDSTEIN, HERNÁN GABRIEL C/ IBARRONDO, FIDELA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (N° 35.590/10), respecto de la sentencia corriente a fs. 402/410, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá, Cortelezzi y Diaz Solimine.
Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:
I. El Sr. Hernán Gabriel Goldstein, a través de letrado apoderado, entabló la presente demanda por daños y perjuicios contra los Sres. Fidela Ibarrondo y Osvaldo Antonio Fernandez por el siniestro ocurrido el 26 de mayo de 2008. Asimismo citó en garantía a “Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada”.
En la instancia de grado se hizo lugar a la acción, condenando a los demandados a abonar al actor la suma de $ 119.475 en el plazo de diez días, con más los intereses y las costas del proceso, y se admitió la excepción de falta de cobertura opuesta por la citada en garantía, con costas en el orden causado.
Contra dicho pronunciamiento se alzan el actor y los demandados, expresando agravios a fs. 459/461 y fs. 453/457, respectivamente.
Ambas partes se quejan del acogimiento de la defensa articulada por la aseguradora -traslado contestado a fs. 463/465 por la demandada y a fs. 467/470 por la citada en garantía-, y los accionados cuestionan también la responsabilidad que les fuera atribuida, punto sobre el cual no obtuvieron respuesta.
Por una cuestión de estricto orden metodológico corresponde abordar, en primer lugar, los agravios de los emplazados vinculados con la responsabilidad endilgada, para luego examinar lo atinente a la procedencia de la exclusión de cobertura alegada por la compañía de seguros.
I. RESPONSABILIDAD:
Relata el actor en su demanda que el día indicado, siendo aproximadamente las 8:45 hs., circulaba a bordo de su motocicleta Honda Biz, dominio CVW-618, por el carril izquierdo de la Av. Mosconi, de esta ciudad, cuando en oportunidad de encontrarse finalizando el cruce de la intersección conformada con la calle Terrada, fue embestido en su parte lateral trasera derecha por el sector delantero del vehículo Suzuki Swift, dominio WCC-754, conducido por la codemandada Fidela Ibarrondo, por la última de las arterias nombradas.
Los emplazados Osvaldo Antonio Fernández y Fidela Ibarrondo, si bien reconocen el acaecimiento del hecho, atribuyen su ocurrencia a la conducta imprudente del conductor de la motocicleta. Ello en la medida que, según su versión, éste habría abordado la encrucijada desde la izquierda a gran velocidad sin respetar la prioridad de paso del automóvil que pese a intentar una maniobra de esquive, no pudo evitar ser colisionado en su lateral delantero izquierdo por el frente del ciclomotor.
No está discutida a esta altura ni la ocurrencia del hecho ni el encuadre legal. Así es que en virtud de la doctrina sentada por esta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil en el plenario “Valdez, Estanislao F. v. El Puente S.A. y otro”, del 10 de noviembre de 1994, el marco jurídico aplicable ha de serlo a la luz de lo normado por el segundo párrafo, segunda parte, del artículo 1113 del Código Civil, que prescribe que “… si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder…”. Como ya lo ha dicho esta Sala en reiteradas ocasiones, tal solución es igualmente aplicable cuando uno de los vehículos involucrados resulta ser una motocicleta.
En consecuencia, correspondía a los accionados para exonerarse de responder, acreditar la ruptura total o parcial del nexo causal, demostrando la culpa de la víctima -alegada como defensa en la contestación de demanda-, o en su caso la de un tercero por quien ellos no sean civilmente responsables, o el caso fortuito.
Delineado el marco normativo aplicable a la solución del caso, los demandados cuestionan en esta instancia la interpretación de la forma de ocurrencia de los hechos efectuada por el juez de grado, por cuanto sostienen que no obran en autos ni en la causa penal elementos que la respalden.
En este orden de ideas, descartan el valor de los testigos que prestaron declaración en sede represiva como prueba directa del suceso, al no haber vivenciado el momento mismo del impacto. Asimismo, impugnan la credibilidad del testimonio del Sr. Luciano Salamone, en el que sostienen que el sentenciante se basó, junto con la pericia mecánica, para tener por acreditada la versión del actor, por considerar sugestiva su comparecencia en esta sede años después del evento sin haber atestiguado ante la justicia criminal, y por las contradicciones en las que habría incurrido.
Por último, desacreditan el dictamen del perito ingeniero mecánico por la parcialidad de sus conclusiones, que a su entender hallan respaldo únicamente en los dichos del cuestionado testigo y en el relato del accionante, sin atender a la prioridad de paso que contaba su parte por desplazarse por la derecha y encontrarse más avanzada en el cruce. En definitiva, sostienen la incidencia causal que habría tenido el comportamiento de la propia víctima en el resultado lesivo.
Plasmados de esta forma los lineamientos centrales de la estrategia recursiva intentada por los demandados, cabe recordar que el Tribunal de Alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra limitado por lo dispuesto por el art. 277 del Código Procesal, razón por la cual no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo los nuevos hechos y documentos, de acuerdo a lo prescripto en el art. 260 del mismo cuerpo legal.
Ello sella la suerte de los agravios formulados respecto de la valoración que el a quo efectuó de las medidas probatorias colectadas en autos, a poco que se repare que las observaciones esbozadas en esta instancia no fueron propuestas con anterioridad. En efecto, los quejosos no impugnaron las declaraciones testimoniales recabadas, ni el dictamen elaborado por el perito ingeniero mecánico; tampoco volcaron las críticas efectuadas por estas circunstancias en los alegatos (v. fs. 453/457), introduciéndolas recién en la oportunidad prevista por el art. 259 in fine del CPCC.
Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de señalar que se advierten razones que comprometen la eficacia convictiva del testimonio del Sr. Luciano Javier Salamone (fs. 200/203). En primer lugar, resulta sugestivo -tal como lo puso de resalto el magistrado de grado- que pese a la afirmación del testigo de haber entregado sus datos al personal policial interviniente, no fuera identificado en el momento de los hechos por el subinspector Claudio Damián Escudero que labró el acta que luce a fs. 1/2 de la causa penal, ni prestara declaración en dichas actuaciones; siendo aún más llamativo el hecho de haber sido convocado telefónicamente a declarar (cfr. fs. 202 vta.), cuando quedó demostrado que sus datos no fueron asentados en las actuaciones criminales.
Asimismo, su manifestación acerca de la existencia de semáforos en la encrucijada queda carente de respaldo probatorio, al arrojar el resto de las constancias producidas la ausencia de señal lumínica (cfr. fs. 258/259). Empero lo que resta mayor veracidad a sus dichos es la falta de correlato entre la localización de los rodados al momento del impacto que el deponente describe y grafica en el croquis confeccionado a fs. 200, y los demás elementos recabados.
En efecto, Salamone ilustra la posición de los rodados intervinientes al momento de la colisión en el sector derecho de la Avenida Mosconi, mientras que de la constatación efectuada por personal policial el día del infortunio se verificó la existencia de una huella de derrape de aproximadamente 10 mts. que se desplazaba desde el centro de la avenida indicada hacia la vereda del lado izquierdo (cfr. fs. 2 y fotografías de fs. 6/7 de la causa penal “Ibarrondo de Fernandez, Fidela s/ art.94 CP.” que tramitara bajo el número 70994 ante el Juzgado Correccional N° 4, Secretaría 67). Asimismo, el testigo dejó entrever que se trató de un choque de atrás, al haber impactado la parte delantera del automóvil con la trasera del motovehículo, lo que discrepa no sólo con la mecánica sustentada por el accionante -a diferencia de lo indicado por el sentenciante- sino con los daños de los rodados que se aprecian en las fotografías de fs. 42/44 de la causa penal.

Sin embargo, aún desde la postura más favorable para los apelantes, descartando el valor probatorio del testimonio bajo análisis en virtud de las apreciaciones que anteceden, ello no contraría la solución adoptada en primera instancia, por cuanto habiendo el actor demostrado la intervención de la cosa generadora de riesgos como productora del daño sufrido, entra a jugar la presunción que establece el mentado art. 1113 del Código Civil, debiendo los demandados para desvirtuarla acreditar la ruptura del nexo causal.
A tal fin, los accionados alegaron en su despliegue defensivo la culpa de la propia víctima por haber infringido la prioridad de paso con la que contaba su automóvil por circular por la derecha de la encrucijada, y hallarse más avanzado en el cruce. En efecto, al fundar su expresión de agravios juzgan incorrecta la valoración efectuada por el juzgador de la instancia inferior sobre este derecho preferencial de paso.
Ahora bien, a fin de desentrañar la cuestión, corresponde ponderar las especiales características de la intersección en la que tuvo lugar el ilícito bajo estudio. Ello, por cuanto ningún indicio acerca del modo en que los hechos se desencadenaron puede extraerse de los dichos de los testigos individualizados en la etapa instructoria, Juan Carlos Cerelia y Mariela Lacatena (cfr. fs. 27 y 59), toda vez que tal como lo señala el magistrado penal “… no pudieron observar el accidente que diera origen a estos actuados, sino que sus testimonios sólo corroboran la conducta ética de la encartada luego del suceso, pero esto nada dice acerca de la mecánica del mismo, y de la acción que provocara el siniestro en cuestión” (cfr. fs. 127 vta. del auto de sobreseimiento).

Fuente: http://www.todoelderecho.com.ar

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